UN inquietante y cada
vez menos sutil revisionismo sectario y rupturista
emerge con progresiva nitidez del programa de
recuperación de la «memoria histórica» puesto en marcha
por la izquierda con la complaciente anuencia de un
Gobierno que utiliza a sus socios como coartada para un
plan en el que no resulta difícil atisbar mucho más que
una discutible reivindicación unilateral de las víctimas
de la Guerra Civil. La proposición de ley aprobada el
viernes en el Congreso, en la que se declara a la II
República como referencia histórica de la actual
democracia española, insiste con peligrosa recurrencia
en obviar el papel de la Monarquía como factor de
estabilidad y legitimación de este largo y fecundo
periodo de concordia civil y política, y viene a
establecer un discurso ideológico que, lejos de hacer
justicia histórica, falsifica de manera patente la
identidad real de nuestro pasado colectivo.
Tras el escandaloso
ninguneo con que la izquierda y los nacionalistas
zanjaron en febrero la conmemoración de la intentona
golpista del 23-F, saltando por encima de la evidencia
decisiva de que fue Don Juan Carlos quien atajó
definitivamente la sublevación, la iniciativa sobre la
memoria histórica abunda en el mismo doloso error de
concepto. Y no sólo porque minimiza el papel de la
Corona como promotora de la ingeniería política que
desmanteló el régimen de Franco para sustituirlo por un
sistema de libertades constitucionales, sino porque
sitúa en la República -sin el menor atisbo de
reconocimiento de su manifiesto fracaso entre graves
desórdenes de convivencia civil- la referencia de
legitimidad del actual orden democrático.
Siquiera por un mínimo
rigor historiográfico, el recorrido democrático de la
España de los dos últimos siglos no puede efectuarse
ignorando el peso de la Corona en nuestras experiencias
constitucionales. No sólo por su esencial aportación a
la Carta Magna de 1978, sino por otros hechos esenciales
que el Gobierno parece querer borrar de manera
deliberada: la Constitución de 1876, base del turnismo
de la Restauración; la patriótica petición de
colaboración con la República efectuada por Don Alfonso
XIII en mayo de 1931, a través de las páginas de ABC, o
el Manifiesto de Lausana con el que Don Juan de Borbón
solicitó en 1945 el establecimiento de un régimen
democrático, lo que valió al tiempo la hostilidad de
Franco y la consideración y el respeto de una izquierda
que ahora parece olvidar su propio ADN histórico.
El afán por situar en
la República el origen legítimo de la democracia vigente
salta, además, por encima de la realidad indiscutible de
que el Rey no abdicó en 1931, sino que resignó poderes a
favor del nuevo régimen sobrevenido de manera abrupta y
no reglada a partir de unas elecciones locales derivadas
en pronunciamiento popular. Esa resignación fue lo que
permitió la restauración monárquica de 1975, dando paso
a un proceso, el de la Transición, de restablecimiento
de las libertades civiles y políticas que ha permitido
el periodo democrático más relajado, más largo y menos
conflictivo de las dos últimas centurias.
Existen razones
sobradas para abrazar, más allá del mero accidentalismo,
la causa monárquica, seña de identidad esencial de este
periódico durante su historia centenaria. La Monarquía
constitucional del 78 ha resuelto de manera palmaria
cuestiones históricas accidentadas, como la religiosa,
la agraria o la militar; ha propiciado la plena
integración en Europa y ha dado paso a un modelo de
organización territorial plural y descentralizado que
sólo recientemente ha comenzado a zozobrar, por mor de
la arriesgada agenda de un Gobierno poco juicioso. La
Corona representa, según la Constitución felizmente
vigente, la unidad y permanencia del Estado, y sólo
desde la irresponsabilidad se puede ignorar o minimizar
esta crucial referencia de estabilidad histórica.
Las omisiones dolosas
contenidas en el programa revisionista de la izquierda
dan sentido a un nuevo impulso de la militancia
monárquica que ABC, en consonancia con su trayectoria
histórica, se siente dispuesto a abanderar en la medida
de sus posibilidades y en plena coherencia con sus
principios fundacionales. Y ello porque, frente a la
manipulación con que se pretende reescribir a
conveniencia una historia que olvida el papel histórico
de la Monarquía constitucional, creemos firmemente que
la mayoría de los españoles se identifica con la Corona
como garantía y referente democráticos, mucho más que
con las instituciones de diseño que el Gobierno y sus
aliados propician a través de operaciones torticeras de
intencionalidad rupturista y desestabilizadora.